La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Pinto ha atendido durante el año 2023 a un total de 1.300 usuarios aproximadamente, llegando a tramitar 576 expedientes. De esta cifra, 505 (el 87,67%), han sido resueltos o trasladados a otros organismos por razón de competencia material o territorio y se está a la espera de recibir respuesta para el resto de las reclamaciones tramitadas.

El porcentaje de expedientes resueltos ha supuesto la recuperación mediante la  mediación de la OMIC, de 38.988,46 euros para los usuarios que usaron el servicio municipal, totalmente gratuito. Teniendo en cuenta que aún quedan reclamaciones que están a la espera de respuesta, esa cantidad podría verse incrementada.

La Concejal de Vivienda y Servicios a la Ciudad, María Jesús Pérez Campo, responsable de Consumo, ha valorado positivamente estos datos, tras la reunión mantenida con los técnicos del departamento.

El mayor número de consultas y reclamaciones que se han atendido en la Oficina Municipal de Atención al Consumidor de Pinto durante el año 2023 han sido del sector de suministros básicos, siendo el motivo principal el elevado precio de la energía en los contratos de suministro de gas, debido a que las tarifas que ofrecen las comercializadoras de mercado libre duplican y en algunos casos han llegado a multiplicar casi por cuatro el precio del gas en el Mercado Regulado.

En total, un 23% de reclamaciones atendidas por la OMIC, cuyas recomendaciones para que los consumidores cambiaran sus contratos de suministro de gas a Comercializadoras de Mercado Regulado ha supuesto un gran ahorro en sus facturas tras el cambio.

En segundo lugar han estado las interpelaciones por contratos de seguros (9,37) y en tercer lugar las telecomunicaciones (7,46%).

Un servicio municipal gratuito

La OMIC es un servicio municipal totalmente gratuito, que se ocupa de la atención, defensa y protección de los consumidores, de acuerdo a la legislación vigente. Además, realiza una función mediadora entre los consumidores y usuarios y las empresas, para llegar a un acuerdo amistoso.  De esta forma se consigue descargar una gran parte de trabajo a los tribunales y se evita el desembolso económico que supondría para el ciudadano, que, en la mayoría de los casos, no acudirían a los tribunales, para evitar ese desembolso.