El concejal de Ecología y Modelo de Ciudad, Raúl Sánchez, en representación del Ayuntamiento de Pinto  participó ayer en la Junta de Accionistas del Canal de Isabel II, la primera programada tras el escándalo desatado con la Operación Lezo, que investiga la posible desviación de fondos públicos. Pinto, se integra dentro de un nutrido grupo de municipios que denuncia el importante perjuicio patrimonial para los ayuntamientos y para la ciudadanía que puede suponer el proceso en el que está inmersa la empresa, por lo que ha mostrado su interés en exigir responsabilidades de manera coordinada con el objetivo de restituir la confianza y el buen nombre de la institución. Entre los temas abordados en ese sentido se encuentra la propuesta de cambio del nombre de la empresa, así como una revisión amplia de los estatutos respecto a la participación accionarial y que elimine el enfoque privatizador.

Además, para sentar las bases de esta recuperación, Pinto se suma a las voces que reclaman una mayor transparencia e información de la empresa del Canal, no sólo a sus socios sino al conjunto de la ciudadanía. También se solicita la revisión del papel de las inversiones del canal fuera de la región de Madrid y muy especialmente en el extranjero. Finalmente, el Ayuntamiento de Pinto ha votado contra las cuentas presentadas, dado que la auditoría no garantiza ni certifica las mismas. Esta postura ha sido compartido por un gran número de municipios accionistas del Canal, entre los que destacan los que se encuentran agrupados en la Red de Municipios del Cambio.

Entre los ayuntamientos que han trabajado conjuntamente y comparten la posición del Consistorio pinteño se encuentran los de Madrid, Alpedrete, Ciempozuelos, Torrelodones, Rivas, San Fernando, junto con diversas Candidaturas de Unidad Popular en la oposición de los municipios de Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Getafe, Parla, Las Rozas o Collado Villalba.

El Ayuntamiento de Pinto ya acordó en el Pleno de mayo presentarse como acusación en el Caso Lezo En defensa de los intereses ciudadanos en este proceso abierto por una supuesta desviación de fondos públicos en el Canal de Isabel II.