Hemeroteca 2008
El ayuntamiento informa a los vecinos sobre el Presupuesto y el IBI
El gobierno municipal (PP-JpP) realizará una nueva ordenanza del IBI, incluyendo nuevas bonificaciones 26/2/2008 El Ayuntamiento de Pinto ha informado mediante carta a los vecinos del inicio de la campaña del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la aprobación sin alegaciones del presupuesto para este año, que se reduce en casi un 5% con respecto al de 2007. Esa reducción viene motivada por la intención de reducir el déficit generado por la gestión del anterior ejecutivo local (PSOE-IU) y la obligación legal de elaborar un Plan de Saneamiento. En cuanto al IBI -impuesto de gestión compartida entre el Estado y el Ayuntamiento- se trabaja en una nueva Ordenanza que se ajuste mejor a la realidad social de Pinto y al delicado momento económico y que mejore la anterior, aprobada por PSOE-IU, que ha sido denunciada en diversas ocasiones, lo que generó cuantiosas indemnizaciones que repercuten de nuevo sobre las arcas del Ayuntamiento.
La Ordenanza que se ultima incorporará nuevas bonificaciones para ayudar al ciudadano a disminuir el impacto de las subidas continuadas que hasta el año 2013 aceptó el anterior Gobierno Municipal (PSOE-IU). En 2003, cuando tuvo lugar la última revisión catastral, competencia del Gobierno, podían haber optado por reducir considerablemente el importe del recibo durante los siguientes años, bajando el único factor sobre el que el Ayuntamiento tiene potestad: el tipo impositivo, cuando existía la posibilidad de acogerse a una reducción excepcional que finalizó ese mismo año. El Gobierno Municipal actual mantiene y aplica este factor, en el mínimo legal actualmente establecido, el 0.4%, como puede verificarse en los recibos de las viviendas, siendo a su vez el tipo impositivo más bajo comparado con los pueblos vecinos y cumpliendo así uno más de sus compromisos con todos los ciudadanos.
Otro ejemplo de adecuación de Ordenanzas Municipales fue la que se aprobó sobre el aprovechamiento especial del dominio público y que se aplica a empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras por su ocupación y aprovechamiento del suelo y subsuelo público entre otros, con un resultado recaudatorio aproximado de 500.000 euros.
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