NOVIEMBRE 2007. Número 125

Entrevista a Maxi Serrano

“El anterior Gobierno no quería la residencia”

Los mayores de Pinto son un colectivo involucrado en encontrar soluciones a los problemas y carencias municipales. Esta motivación, unida a la inquietud participativa de muchos de ellos y al desencanto por la gestión del anterior equipo de Gobierno, llevó a un grupo de mayores a tomar una decisión que diese un vuelco a las cosas.
En marzo de 2004, el Ejecutivo de coalición PSOE-IU de manera unilateral decide cerrar la residencia pública, dependiente del Ayuntamiento de Pinto y la Fundación San Pedro y Santa Rosa de Lima, para traspasar la gestión de las 25 plazas existentes a manos privadas en la residencia Virgen de la Luz.
Muchas familias consideran que no pueden costear los servicios de la residencia, tanto la estancia como los programas de ayuda a domicilio. Incluso algunos vecinos se vieron obligados a vender su casa para poder afrontar tal gasto.
Maximino Serrano, Remigio Santa Cruz y Luis Bulto, mayores con experiencia en los movimientos reivindicativos, se convirtieron en promotores de la Plataforma Cívica de Jubilados por una Residencia de Ancianos Pública, asociación que recogió 3.335 firmas exigiendo la construcción de una residencia pública y que fueron entregadas al Ayuntamiento de Pinto, el 29 de septiembre de 2005, al término de una manifestación multitudinaria a la que se unieron -de forma desconcertante para algunos organizadores,-miembros del propio Gobierno local que, a juicio de Maxi, “buscaban la foto, a pesar de ser culpables de la situación”. Días después, el 19 de octubre, se incrementó el número de firmas a 5.535, y fueron entregadas esta vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Del Gobierno local se consiguió una cita para un encuentro que nunca se produjo, de lo que se deduce, según Maximino, que “el ejecutivo PSOE-IU se burlaba de nosotros, porque no tenía voluntad real de construir la residencia”; mientras que de la Comunidad sí se logró una reunión con un grupo de responsables de Servicios Sociales que “nos dejaron claro que la competencia para ceder el suelo y construir la residencia es del consistorio”. La respuesta del ayuntamiento fue culpar al Ejecutivo regional por ser este el que debe construir el edificio.
Aprovechando la convocatoria a las urnas para las elecciones municipales, la plataforma se constituyó en partido político, con Maximino como portavoz y con un programa en el que su promesa estrella era la construcción de la susodicha residencia.
La Plataforma no consiguió representación en el Ayuntamiento, pero sí que su reivindicación fuera compromiso de todos los partidos políticos en su programa, siendo uno de los puntos que más interesa al actual gobierno de coalición (PP-JpP), en trámite actualmente con la Comunidad de Madrid.