NOVIEMBRE 2005. Número 101

El juez de Paz declara la guerra a los homosexuales que quieran casarse

Apoyado por el PP local, el funcionario Antonio Alonso discrimina a este colectivo e impide, de momento, dos enlaces con una “argucia legal”

Aunque desde el pasado 1 de julio, “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” (art. 44 del Código Civil), al juez de Paz de Pinto, Antonio Alonso, esta Ley no le gusta y ha decidido no aplicarla. Anteponiendo sus convicciones a la norma, este funcionario, que no es juez de carrera, está impidiendo que dos parejas de Pinto, en estos momentos, puedan casarse al amparo de la legislación.

El matrimonio, según la particular visión del juez de Paz, es exclusivamente “aquella unión jurídica entre un hombre y una mujer, con vocación de permanencia y abierta a la progenie”. Pero esta convicción personal -absolutamente respetable sólo en el ámbito individual, dado el fervor religioso de este funcionario-, ni emana del Código Civil vigente ni se extrae de la literalidad del artículo 32.1 de la Constitución española, en la que se defiende que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.
Este choque frontal entre los sentimientos ideológicos del juez y la Ley le ha llevado a Antonio Alonso a plantear una declarada “guerra” contra los enlaces de parejas homosexuales en Pinto, promoviendo una más que dudosa cuestión de inconstitucionalidad, que impide, de momento, este tipo de enlaces.
La “argucia legal” de Antonio Alonso sigue los mismos pasos de los casos planteados en Denia y Telde, a pesar de que el pronunciamiento del Ministerio Fiscal ha sido rotundo, negándoles a estos magistrados la legitimidad de su acción, porque “no estamos ante un proceso, sino ante un mero expediente administrativo”.
Sin embargo, la opinión del Fiscal no paraliza la presentación de este tipo de recursos, que ha de resolver, en última instancia, el Tribunal Constitucional. Y aunque este órgano ya ha anunciado su intención de pronunciarse en breve, lo cierto es que, mientras tanto, dos parejas homosexuales de nuestro municipio se encuentran discriminadas respecto al resto de ciudadanos y encuentran vetado su legítimo derecho a contraer matrimonio al amparo de la Ley.
El hecho, además, de que el juez Antonio Alonso haya recalcado públicamente que aunque la norma sea refrendada por el Constitucional no piensa cumplirla afianza su acción como una “argucia” y no como una legítima duda para pronunciarse en un litigio. “Aquí el único litigio -sostiene el alcalde de Pinto, el socialista Juan Tendero- es el que mantiene este juez consigo mismo, pero sus convicciones personales, absolutamente respetables, no pueden anteponerse al cumplimiento de la Ley en detrimento de una parte de la población de nuestro municipio”.

EL GOBIERNO PIDE SU DIMISIÓN
Lo cierto es que -cuestiones procesales al margen- la actual Ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, más allá del futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, está plenamente en vigor y, hoy por hoy, es constitucional. Pero, a pesar de ello, el juez ha decidio no aplicarla y discriminar a los pinteños frente al resto de ciudadanos españoles. Ya se han celebrado más de 50 enlaces entre parejas homosexuales en nuestro país.
El Gobierno Local (PSOE e IU) no tardó en responder a esta situación y, apoyados por el grupo Juntos por Pinto, exigió el pasado 22 de septiembre la inmediata dimisión del juez. Su petición, en forma de resolución plenaria, ha sido trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -órgano que nombró a Antonio Alonso como juez de Paz en Pinto-, pero, al cierre de esta edición, se desconocía aún la postura adoptada por la Sala del TSJM, que el pasado 24 de octubre se reunió para examinar la actitud de este funcionario.

APOYO DEL PP AL JUEZ DE PAZ
El grupo municipal del Partido Popular, por su parte, ha publicado un informa entre la población para dar su apoyo al juez de Paz, pues considera que éste está siendo objeto de una campaña institucional de “acoso y derribo”.
No opinan lo mismo las dos parejas afectadas por la decisión del juez, para quienes ellos son los únicos que están sufriendo una discriminación de carácter sexual, en contra de la legislación vigente y en contra de la igualdad que garantiza nuestra Carta Magna. “Es increíble que los concejales del PP, elegidos para defender a todos los vecinos, admitan, consientan y aplaudan discriminaciones de este tipo”, afirman.

Raúl Robles y Marcus Hon fijan su enlace para el 26 de noviembre, ¿lo conseguirán? Movidos por el mismo amor que cualquier otra pareja, el pinteño Raúl Robles y el estadounidense Marcus Hon han decidido, tras 18 años de convivencia, contraer matrimonio en la villa de Pinto el próximo 26 de noviembre. La Ley les asiste, sus papeles están en regla, las invitaciones cursadas, el banquete contratado y han pagado el importe de las tasas para celebrar su enlace en el Ayuntamiento de Pinto. Pero en sus pretensiones han topado con el juez Antonio Alonso. “Nos sentó en su despacho, nos miró con aire de superioridad y nos dijo: buscad otro municipio, porque en Pinto no os váis a casar el 26 de noviembre”. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Raúl y Marcus denunciaron públicamente la actitud del juez y su situación de “absoluta indefensión”. Apoyados jurídicamente por el consistorio y por la principal asociación del movimiento gay de Madrid (COGAM), la pareja estudió plantear batalla legal ante el juez, pero el día fijado para su enlace corre en su contra. Por lo pronto, han iniciado los trámites de matrimonio en el Registro Civil de Madrid. Si el próximo 26 de noviembre, Raúl y Marcus no pueden contraer matrimonio en Pinto, la voluntad de una persona se habrá impuesto frente al cumplimiento de la Ley y frente a nuestro sistema democrático. “Esta posibilidad sería, desde luego, un auténtico fracaso para el conjunto de la población”, afirma el alcalde, Juan Tendero, quien confía en que, llegado el día, Raúl y Marcus sean un matrimonio más de nuestra localidad.

Las asociaciones vecinales comienzan a posicionarse contra el juez de Paz

El pasado 7 de octubre el Ayuntamiento informó al movimiento asociativo de la situación creada por el juez de Paz y, en el marco de esta reunión, se dio a conocer este manifiesto: “Las asociaciones, entidades, clubes, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas de Pinto, indignados por la actitud del juez de Paz, quien se niega a tramitar expedientes de boda de parejas homosexuales, queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo por esta actitud discriminatoria y exigimos: 1.- La inmediata dimisión del juez de Paz por haberse comportado como una persona sectaria que sitúa sus propias convicciones por encima de las leyes que se comprometió a defender. 2.- La toma de postura del TSJM, órgano que nombró a Antonio Alonso, y su intervención inmediata para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente. 3.- La sustitución del actual juez de Paz por otra persona que se comprometa a garantizar los derechos de TODOS los vecinos y vecinas de la villa de Pinto. 4.- La actitud vigilante del Ayuntamiento para que la ciudadanía no sufra ninguna discriminación, cualquiera que sea su condición sexual. 5.- La firme unidad de toda la sociedad pinteña, que no puede permanecer indiferente ante la flagrante discriminación de parte de su ciudadanía”.

Firmas contra la discrimación sexual El colectivo Juventudes Socialistas lleva recogidas más de 2.000 Uno de los colectivos más madrugadores a la hora de manifestar su oposición a la postura adoptada por el juez de Paz, Antonio Alonso, ha sido Juventudes Socialistas de Pinto. Al conocerse la tozudez de Alonso respecto a la no tramitación de los expedientes de las bodas entre ciudadanos o ciudadanas homosexuales, Juventudes Socialistas organizó una recogida de firmas en la que protestaban por la discriminación que supone esta medida y pedían de un modo contundente la dimisión del juez de Paz. Además, en el texto que antecede a las firmas, Juventudes Socialistas solicita al Ayuntamiento de Pinto “que ponga todos los medios humanos y legales de que disponga para garantizar que todos los vecinos y vecinas del municipio tengan los mismos derechos, sin importar la condición sexual de cada individuo”. JJ.SS. ha visto cómo su iniciativa ha sido secundada por multitud de vecinos y vecinas que, primero, se interesaban por la cuestión y, luego, accedían a dejar su firma como rechazo al comportamiento del juez de Paz. En el momento del cierre de este número, contaban con más de 2.000 rúbricas de apoyo.

Nosotros somos los siguientes...
Carta abierta a los vecinos de la segunda pareja afectada por la decisión del juez de Paz

“(...) Hace mucho tiempo que en nuestras vidas dejamos de dar explicaciones, ni con nuestras respectivas familias ni en nuestros respectivos entornos afectivos, laborales, sociales... Siempre hemos sido iguales, pero ahora la Ley por fin lo reconoce. Por eso, es especialmente duro saber que, a pesar de todo, hay una persona que, haciendo suyo el “poder” que ostenta, se atreve a humillarnos y a prohibirnos algo que es legítimamente nuestro.
Llegados a este punto, no podemos por menos que denunciar públicamente esta situación y solicitar de cada uno de ustedes el respeto y la humildad que tanto para nosotros, como para nuestras familias y amigos, han sido la base de nuestras vidas. También queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los que han decidido apoyarnos: asociaciones, personas anónimas, partidos políticos y al Ayuntamiento de nuestra localidad, que afortunadamente ha valorado los derechos de sus ciudadanos por encima de todas las cosas.
No ostetamos afiliación política alguna, pero nos mueve escribir esta carta el reconocimiento a quienes sí nos consideran iguales y defienden nuestro derechos (...)”.

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