El Alcalde de Pinto, Rafael Sánchez, de Ganemos Pinto, ha anunciado su intención de dar instrucciones a los servicios jurídicos municipales para que no presenten recurso a las sentencias favorables que están recibiendo trabajadores tanto del Ayuntamiento como de la empresa pública Aserpinto por contenciosos abiertos contra el anterior Ejecutivo del PP que presidía Miriam Rabaneda.

El pasado 1 de enero de 2014 entró en vigor la  externalización de parte de los servicios que realizaba la empresa pública Aserpinto y que el Gobierno de Rabaneda decidió adjudicar a la UTE Valoriza-Gestyona, asumiendo ésta a una parte de la plantilla. Dos trabajadoras "subrogadas" han ganado judicialmente su retorno a Aserpinto. En ambas sentencias, se alude a una posible arbitrariedad en la actuación del anterior Gobierno respecto a los trabajadores que eran externalizados y los que no.

El regidor pinteño, que hoy mismo ha firmado la incorporación de ambas a Aserpinto, ha anunciado que el Ayuntamiento no recurrirá estas resoluciones judiciales, haciendo extensible su decisión a una tercera trabajadora también afectada por este proceso y aún pendiente de sentencia.

El 9 de mayo de 2014, cuatro trabajadores municipales, pertenecientes también al sindicato Espacio de Participación Sindical (EPS), fueron despedidos mediante un decreto firmado por la anterior Alcaldesa y entregado por la Policía Local en sus respectivos domicilios. Esta decisión, que generó una oleada de solidaridad entre el resto de los trabajadores municipales, partidos de la oposición y asociaciones del municipio, se ha saldado, por el momento, con cuatro procesos judiciales y dos sentencias de despido improcedente.

El Alcalde de Pinto, que durante la pasada campaña electoral se comprometió con esta causa, ha anunciado que "se está trabajando intensamente para que la readmisión de los cuatro sea una realidad cuanto antes".