La Corporación pinteña ha respaldado de forma unánime la nueva ordenanza reguladora del procedimiento de adjudicación, normas de funcionamiento y utilización de viviendas de emergencia social y viviendas sociales impulsada por el Gobierno municipal de Ganemos Pinto. Se trata de un texto elaborado por el Observatorio de la Vivienda de Pinto, un organismo formado por todos los grupos políticos que integran el Pleno y por entidades que desarrollan tareas relacionadas con la vivienda (Cáritas, Cruz Roja, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pinto PAH-PINTO y Rais Fundación). El documento, aún en fase de alegaciones, entrará en vigor en los próximos meses.

La Ordenanza reglamenta las condiciones y requisitos de acceso a dos tipos de viviendas: Viviendas de Emergencia Social, que tienen como finalidad dar alojamiento a personas o familias que por diversas causas requieren un alojamiento inmediato y provisional; y Viviendas Sociales, destinadas a alojamiento alternativo de unidades familiares en riesgo de exclusión social. La estancia en estas viviendas es temporal y va unida al cumplimiento de un compromiso de intervención con los Servicios Sociales.

El Ayuntamiento de Pinto es propietario de varias viviendas en la localidad y también conocedor de la situación de indefensión en la que se encuentran familias que se han visto obligadas a abandonar su vivienda o carecen de recursos para una vivienda digna. Por tanto es necesario que los servicios sociales municipales dispongan de inmuebles que puedan destinarse al alojamiento temporal de estas personas para facilitar su inclusión social.

En el marco de la nueva ordenanza, el Ayuntamiento de Pinto creará un listado con las personas solicitantes de vivienda que cumplan con los requisitos y documentación exigidos. Se confeccionarán tres listados de acuerdo al número de habitaciones de las viviendas y en relación con los componentes de las distintas unidades familiares. Todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán baremadas atendiendo a tres criterios: factores económicos, factores sociales y la necesidad de vivienda. Los inmuebles se adjudicarán a las familias que encabecen los listados correspondientes.

La Concejala de Igualdad y Derechos Sociales, Tania Espada, ha señalado que, además de la aprobación definitiva de esta ordenanza, uno de los objetivos del Equipo de Gobierno es la ampliación del actual parque de viviendas; por ello, ya se han iniciado conversaciones con el SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, entidad creada para favorecer la venta o alquiler de las viviendas propiedad de entidades financieras.

Una vez entre en vigor la Ordenanza, su texto íntegro y toda la información al respecto será recogida por los distintos medios municipales (web, revista municipal y redes sociales).