El Juzgado 35 de lo Social de Madrid ha dado la razón a una trabajadora del Ayuntamiento de Pinto declarando improcedente su despido, tras permanecer dos años en situación irregular dentro de la plantilla municipal. La denunciante entró en el Ayuntamiento en diciembre de 2012, para cubrir la jubilación parcial de una trabajadora, que falleció en 2014.

Pese a que en su contratación se especificaba que la duración estaba sujeta a la jubilación total de esta trabajadora, tras su fallecimiento, la demandante siguió acudiendo al puesto de trabajo. La empleada advirtió a los responsables del Gobierno municipal del PP de lo anómalo de su situación, ya que en la Resolución sobre la contratación de esta trabajadora, dictada por el entonces Concejal de Recursos Humanos, junto a la fecha de finalización hacía la salvedad "o finalice su relación laboral (de la trabajadora relevada) con el Ayuntamiento por cualquier motivo".

En el mes de noviembre de 2016, fecha señalada en el contrato como finalización del mismo, se procedió al despido de esta trabajadora para no proseguir con una situación irregular. La trabajadora denunció al Consistorio y los tribunales le han dado la razón por haber sido mantenida en su puesto pese a lo que especificaba la Resolución por la que fue contratada. El actual Gobierno, que preside Rafael Sánchez, ya ha señalado su intención de readmitir a la trabajadora en lugar de indemnizarla, "porque este Ayuntamiento siempre tomará la decisión más favorable para el trabajador".

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Santacruz, ha señalado que, "de nuevo la mala política de personal llevada a cabo por el PP en este Ayuntamiento ha tenido que ser corregida por los tribunales". Santacruz alude a los cuatro trabajadores municipales que fueron despedidos el 9 de mayo de 2014, "por causas organizativas" mediante un decreto firmado por la anterior Alcaldesa Miriam Rabaneda y entregado por la Policía Local en sus respectivos domicilios.

Esta decisión, que generó una oleada de solidaridad entre el resto de los trabajadores municipales, partidos de la oposición y asociaciones del municipio, mantenía abiertos cuatro procesos judiciales, con dos sentencias por despido improcedente.

Tras firmar los cuatro decretos de readmisión, Rafael Sánchez, ya anunció su intención de no recurrir las sentencias favorables dictadas hacia trabajadores del Ayuntamiento como también ha hecho con los empleados afectados por la externalización de servicios llevada a cabo también por el PP en Aserpinto.