El Ayuntamiento de Pinto, gobernado por Ganemos Pinto, ha iniciado, ayer lunes, las negociaciones con la empresa UTE Valoriza-Gestyona, responsable de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, para revertir la privatización realizada por la Corporación del PP en 2014. El motivo aducido se basa en el descontento generalizado en el municipio por la prestación del servicio.

En enero de 2014 entró en vigor la privatización de parte de los servicios que realizaba la empresa pública Aserpinto y que el anterior Gobierno local del PP decidió adjudicar a la UTE Valoriza-Gestyona, asumiendo ésta a una parte de la plantilla. Desde la llegada del actual Ejecutivo, contrario a la privatización, se establecieron tres líneas de actuación: el retorno a Aserpinto de los trabajadores subrogados que habían ganado sus denuncias a la UTE, la potenciación de la limpieza en el municipio y las sanciones por incumplimientos en el servicio.

Por el momento, ya han regresado a la empresa pública cinco trabajadores; en el verano de 2015 el Gobierno solicitó a la UTE un plan de choque para mejorar la limpieza, que incluía demandas municipales como la división del municipio en 13 zonas, con acciones intensivas. Y en cuanto a las sanciones, comenzaron en septiembre de 2015 con dos sanciones económicas (una de ellas grave) que penalizaron con más de 10.000 euros los incumplimientos reiterados en la calidad del servicio.

En abril de 2016 hubo una segunda penalización de carácter grave (11.000 euros) y en septiembre de 2016 dos penalizaciones más de carácter grave por 24.000 euros (12.000 euros por sanción). En mayo de 2017 tuvo lugar la primera sanción de naturaleza muy grave (20.000 euros) por acumulación de dos graves.

VALORACIÓN
El Alcalde del municipio, Rafael Sánchez, ha manifestado que el objetivo principal es que el contrato con la UTE se resuelva de común acuerdo. El Ejecutivo ha expresado a la adjudicataria su descontento por la limpieza de las calles pinteñas y la posibilidad de seguir presentando sanciones económicas por ello.

Además, a lo largo de marzo, será la empresa pública Aserpinto la que se encargue del seguimiento de la calidad del servicio de la UTE y se podrá llevar a cabo un control aún más riguroso de su labor. Sánchez ha señalado que su Gobierno siempre ha sido contrario a la privatización y, "aunque la tarea no está exenta de dificultades, intentaremos que la reversión del servicio a lo público sea una realidad en un futuro próximo".