El Alcalde de Pinto, Rafael Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tan solo unas horas después de que se hiciera pública su comparecencia judicial por una denuncia interpuesta por la UTE Valoriza-Gestyona relativa a una posible revelación de secretos. El regidor, a petición de la UTE, declarará como investigado el próximo 11 de marzo en el juzgado número 1 de Parla. Rafael Sánchez, que ha comparecido acompañado de miembros de su Gobierno, ha confesado sentirse "muy tranquilo" y que "en cierta medida esperaba esta denuncia" puesto que, en sus palabras, "es el peaje que se paga por enfrentarse a los poderosos". El regidor ha aclarado que "como máximo garante del dinero de los pinteños no podía mirar para otro lado ni permitir la actitud de la UTE y su deficiente servicio a la ciudadanía".

En enero de 2014 entró en vigor la privatización de parte de los servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes que realizaba Aserpinto y que el anterior Gobierno local del PP decidió adjudicar a la UTE Valoriza-Gestyona, asumiendo ésta a una parte de la plantilla de la empresa pública. Desde la llegada del actual Ejecutivo de Ganemos Pinto -contrario a la privatización- se establecieron tres líneas de actuación: el retorno a Aserpinto de los trabajadores subrogados que habían ganado sus denuncias a la UTE, la potenciación de la limpieza en el municipio y las sanciones por incumplimientos en el servicio. Desde septiembre de 2015, fecha de la primera sanción, se acumulan varias de diversa índole -nueve muy graves- que han supuesto sanciones económicas próximas a los 200.000 euros.

El pasado año, además de sanciones por un servicio deficiente, el Gobierno impuso otras también muy graves por un posible falseamiento de la información proporcionada por la UTE respecto al plazo entre la fecha de aviso y la fecha en la que se atendían las cuestiones relativas al servicio. El Alcalde ha explicado que esa información "aunque, según el pliego es pública, llegó al Ayuntamiento de forma anónima". En esta circunstancia se basa la denuncia de la UTE.

Para Rafael Sánchez, su investigación judicial obedece a dos factores: "la firme intención del Gobierno de revertir la privatización y la época electoral en la que nos encontramos". A esta se añade el apoyo ofrecido a las trabajadoras sancionadas e incluso despedidas por la UTE. No obstante, según Sánchez, "no solo no van a asustarnos, sino que, si se volviera a dar la situación, actuaríamos igual".

El Alcalde ha recibido el respaldo de todos sus concejales, de su grupo político Ganemos Pinto, así como de representantes sindicales tanto de Aserpinto como de la UTE. El Ejecutivo ha hecho extensivo su apoyo al presidente del Comité de Aserpinto, también llamado a declarar.